Inicialmente, cabe señalar algunos rasgos que han contribuido a modelar la cultura del voluntariado. Sin pretender hacer un balance excesivamente pormenorizado, encontramos en nuestro pasado más reciente algunos acontecimientos históricos que marcan de modo característico la evolución del voluntariado en España.

En un pasado ya remoto, se sitúa el peso ejercido por la religión y la Iglesia católica en España, tanto en el siglo XIX, como en los inicios del siglo XX, hasta la Guerra Civil. La acción solidaria se caracteriza por un marcando talante benéfico y asistencialista. Esta acción se circunscribe a la atención de los “pobres de solemnidad” y los “más menesterosos”.

El desarrollo del voluntariado en España posee algunas características diferenciales con respecto a los países más cercanos a nuestro entorno. Mientras que en otros países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla el Estado de Bienestar, durante el período dictatorial en España la participación de las asociaciones y del voluntariado, se ve más restringida.

Un hecho significativo para el asociacionismo se sitúa en la promulgación de la Ley de asociaciones de 1964, en pleno desarrollismo económico. El Estado asume funciones de asistencia social y crea servicios de este tipo en la Administración Central y Periférica. Las organizaciones de carácter social vinculadas al régimen político se van debilitando, pasando muchas de ellas a la Administración del Estado. Las organizaciones vinculadas a la Iglesia se adaptan a estos cambios. Además, surgen nuevas organizaciones de carácter privado y sin ánimo de lucro, en defensa de intereses sociales, específicos y de grupo.

Hasta los años setenta el voluntariado, tal y como indica Tavazza, ha sido de orden “reparador” pasando, desde los años setenta, a desempeñar la función de “amortiguador social”. Durante esta década, ha adoptado diferentes formas: beneficencia, caridad, filantropía, asistencia, siendo al mismo tiempo generoso y abnegado, sin apenas preparación e impulsado desde diversas motivaciones religiosas y laicas. En muchas ocasiones, ha incidido más en las consecuencias de los problemas que sobre las causas¹.

Por entonces se vivió una eclosión en el mundo asociativo. Aparecen asociaciones de afectados y plataformas con cierto carácter reivindicativo, aunque discretas en su mayoría. Surgen interlocutores sociales y asociaciones ciudadanas que son reconocidos como válidos por el régimen, al tiempo que obtienen logros en el plano social. Son tiempos en los que se comienza a percibir la actividad participativa de la ciudadanía en la resolución de los intereses que le son propios.

La Constitución Española de 1978 marca un antes y un después en todos los ámbitos y también en el plano social. Se configura un nuevo marco político desarrollado a través del sistema democrático de economía de mercado que van configurando el denominado Estado de Bienestar.

Este marco político se sustenta en determinados principios básicos como la intervención del Estado en la economía a través de un sistema fiscal redistributivo, la provisión de unos servicios de protección social universales con independencia del nivel de renta (educación, sanidad, pensiones, etc.) y la responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel mínimo de renta como un derecho social. Los distintos agentes implicados en el desarrollo de estos principios tienen diversas funciones en la configuración del Estado de Bienestar:

• La administración pública se ocupa de la función universalizadora de garantías de recursos suficientes para un mínimo de calidad de vida para todos los miembros de la sociedad.
• Pero algunas necesidades y carencias encuentran su respuesta a través de la función individualizadora que se conduce a través del juego de la oferta y la demanda, a través del mercado.
• Los grupos primarios y las organizaciones no gubernamentales desarrollan una función socializadora. Y ello porque, a través de esta función, se canaliza la solidaridad social, las redes informales, la cultura participativa y el enriquecimiento del entramado social.

Durante los años ochenta se ha ido desarrollando el proceso de configuración, y posterior reajuste, del llamado Estado de Bienestar. No cabe duda que la sociedad civil ha participado en los cambios que se han producido, influyendo en los ámbitos económico, político, cultural y social, bien de modo organizado o a través de sus representantes.

En esta etapa la participación ciudadana se expande, al tiempo que se acrisola la acción social de organizaciones y asociaciones de todo tipo. Muchos líderes de la acción voluntaria pasan a la militancia política y sindical a raíz de la apertura democrática. Aparecen nuevos movimientos sociales, reivindicativos, hacia la conquista de logros de carácter legal y de una mayor calidad de vida.

Pero, sin duda, un hecho significativo para el voluntariado en esta época es la promulgación de las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales, en desarrollo del artículo 148.20 de la Constitución que otorga la competencia de Servicios Sociales a las CC.AA. Desde 1982 a 1992 surgen estas leyes autonómicas que contemplan en su articulado el reconocimiento del Voluntariado, como acción complementaria y fundamental en la intervención de los servicios sociales.

Las Leyes de Servicios Sociales incluyen aspectos similares en referencia al voluntariado:

• Incluyen una definición de voluntariado,
• La mayoría destaca los principios básicos del voluntariado (solidaridad, gratuidad, asociacionismo, participación, etc.),
• Generalmente, señalan los campos de actuación (bien dentro del área social, aquellas que solo legislan este aspecto, bien en general),
• Señalan las características de las entidades que pueden disponer de voluntarios y establecen algunos requisitos (funcionamiento interno, organización, etc.),
• Establecen un registro de asociaciones y, en algunos casos, de voluntarios,
• Delimitan las competencias de la Administración con relación al voluntariado,
• Algunas establecen una carta de derechos y deberes de los voluntarios,
• Suelen incluir medidas de fomento y apoyo a la labor de voluntariado.

De la mano del reconocimiento jurídico, durante la década de los años ochenta surgen en nuestro contexto Plataformas Nacionales, Provinciales, etc. de Voluntariado y la representación de las mismas en Organismos Internacionales. Estas estructuras comienzan a colaborar activamente en el desarrollo de la Política Social y ocupan el papel protagonista que les corresponde en el marco de la participación social.

En los últimos años asistimos a la reestructuración del Estado de Bienestar Social. Este reajuste ha cedido espacios de mayor participación a la sociedad civil en el ámbito de la atención social. Simultáneamente la Administración ha generalizado el reconocimiento oficial del Voluntariado Social organizado. Se promulga una Ley Estatal de Voluntariado Social (Ley 6/96 de 15 de enero de Voluntariado). En algunas CC.AA se promulgan leyes y decretos específicos de voluntariado (ej.- Decreto 12/95 de Voluntariado en Castilla y León). La Administración Local, espacio más próximo a las necesidades de los colectivos vulnerables, articula medidas de cooperación con entidades y grupos de voluntariado.

Tabla sobre la evolución del voluntariado en España

¹ TAVAZZA, L.: “Innovación y reglamentación en la política social. La solidaridad dentro de un sistema complejo” en VV.AA.: El Voluntariado, Fundació Bancaixa. Pp.26-27, Valencia. 1995.
Fuentes
Manual de formación al voluntariado (descargar en pdf) de Cáritas Salamanca
Iniciativa social